DEMOCRACIA INTERCULTURAL PARA LA IGUALDAD

El respeto y reconocimiento de todas las culturas, desde una perspectiva de derechos humanos, marca la pauta para una sociedad multicultural.

A partir de este enfoque, se visibiliza la diversidad de grupos presentes en un mismo territorio coma una realidad social. Asimismo, se exalta la importancia de sus saberes, los cuales forman parte de la historia y de la pluralidad cultural de México.

Actualmente, las personas originarias de pueblos y comunidades étnicas, como las poblaciones indígenas o afrodescendientes, se colocan en esta visión, pues exigen la igualdad de condiciones y derechos, el reconocimiento de sus costumbres, tradiciones, lengua y raíces, así como el respeto a su identidad colectiva.

Este enfoque multicultural difunde y promueve transitar hacia la inclusión y la igualdad, a pesar de la brecha histórica generada por diversas causas que han afectado la plena integración de estas comunidades a la nación mexicana.

DESIGUALDADES EN EL ÁMBITO COTIDIANO

El proceso de globalización social y cultural que vive la humanidad genera constantes cambios en los modelos económicos, produce avances tecnológicos, acerca a diferentes culturas, mercados y formas de vida a través de distintos medios de comunicación. No obstante, también provoca migración, desplazamiento, pobreza, violencia de género. Cuando los roles sociales se trastocan, las mujeres se incorporan al sistema de producción capitalista en espacios precarios; las sociedades  modernas enfrentan  el reto de reducir las brechas de desigualdad. Ello resulta en nuevas formas de relación con  diversas sociedades e individuos de otras culturas, sa­beres y lenguas.

Las desigualdades se han multiplicado, por ello, es fundamental, como integrantes del complejo social, participar de manera activa en impulsar y fortalecer la interculturalidad, la inclusión y la perspectiva de género. La visión incluyente promueve el respeto y la tolerancia por  las diferencias, erradica los prejuicios y estereotipos asociados a las personas socialmente marginadas y precarizadas. La finalidad es generar una convivencia armo­niosa e impulsar intercambios entre los diferentes grupos, sin considerar, falsamente, que uno es superior a otro.

La interculturalidad, como cualidad de la interacción entre personas y grupos con culturas e intereses diversos, fortalece los derechos humanos. En la interculturalidad, todas las ex­presiones son  valiosas. Para llegar a ese punto, es necesario establecer el diálogo y  el respeto mutuo. Esto da firmeza a las formas de  vida  en  la  diversidad,  porque, en  la globali­zación social y cultural, las personas comparten  un espacio común.

La brecha de desigualdad, como resultado de la concen­tración del dinero y el poder en un grupo minoritario es un problema vigente en las sociedades. A pesar de las luchas so­ciales de  los siglos XIX  y XX,  no  se  logra aún  que  todas las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones democráticas e igualitarias.

En  el ámbito  cotidiano, algunas desigualdades son,  por ejemplo, carencia de servicios y  atención a las necesidades básicas,  como  la salud,  la  vivienda  digna,  la  educación  y la alimentación  nutritiva.  Estas carencias son  consideradas violaciones a los derechos humanos. La desigualdad  propi­cia un lento crecimiento económico y aumenta la pobreza y la exclusión social.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (lnegi) se­ñala que  en  México,  en  el  año 2020,  44.86  millones  de personas se encontraban  en  pobreza  moderada,  mientras que 10.79  millones estaban en  pobreza extrema. Esta me­dición  de  la  pobreza  muestra  el  nivel de  calidad  de  vida al  que  pueden  tener  acceso  los habitantes  de las distintas entidades federativas. Se evidencia, además, que la pobreza económica, social y laboral agudiza la brecha en otros ser­vicios, como educación, salud y vivienda.

La reducción  de  oportunidades  para acceder  a  la edu­cación es  un factor de desigualdad social que  requiere ser analizado  con  especial atención  porque  influye  en  la  era de  la democracia moderna, en el desarrollo personal, pro­fesional y económico.  Hoy  en  día, la poca accesibilidad  a la  educación  por  la situación  económica  de  las comuni­dades  provoca  mayores  niveles  de  deserción  en  las fami­lias  de  escasos  recursos.  Por  lo  general,  estos  grupos son los  mas  afectados  debido  a  la  necesidad  de  obtener  un empleo a edad temprana.

Asimismo,  existen oportunidades de acceso a  la  educación  ba­sadas  en  esquemas  propios  de  las  comunidades.  Por  ejemplo, organismos  públicos  como  el  Consejo  Nacional  de  Fomento Educativo (Conafe) brindan servicios de educación comunitaria a niñas, niños y adolescentes que habitan en localidades de alta y muy alta  marginación, sitios donde no es posible contar con un servicio educativo regular.

La desigualdad  de  género  afecta el acceso  a  la educación  de mujeres  y  niñas.  Con   base  en  roles  y estereotipos  de  género, se  les asignan  tareas  en  el  hogar  y en  su  esquema  familiar,  lo que  imposibilita  el desarrollo  personal  y profesional  de  ambos grupos,  y  reduce  el  acceso  a  otras  oportunidades  económicas y  laborales.  Desde  una  perspectiva  de  género  con  enfoque  de inclusión, equidad e  interculturalidad, es necesario  atender  las necesidades de las personas que social e históricamente han sido colocadas en situaciones de desventaja.

Las desigualdades en los ámbitos de la vida cotidiana más re­levantes  en  la sociedad  actual  no  solo son  la  pobreza  o  la  exclusión  social,  sino   también  la  obstaculización  de  derechos como el acceso a  la educación,  la igualdad  y equidad de  género, la inclusión de grupos étnicos, las luchas ideológicas deriva­das  de  los credos  religiosos,  así como  la diversidad  de  género. Todo depende de  las construcciones sociales que  se  derivan de modelos económicos y políticos en las naciones.

Para reducir las brechas de desigualdad en un país, se deben revisar de forma general las políticas sociales, económicas e, incluso, culturales. Con ello, se logra reestablecer un sistema gubernamental capaz de rediseñar estrategias dentro de su propia democracia, las cuales permitan a los habitantes acceder a todo tipo de oportunidades.

CREACIÓN DE ESPACIOS SEGUROS, DE RELACIONES INTERCULTURALES, DE INCLUSIÓN Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA REDUCIR BRECHAS DE DESIGUALDAD

La igualdad, como condición  indispensable  y  principio  de no  exclusión, permite que todas las personas tengan los mismos derechos en los aspectos social, político, educativo, económico y cultural. En México, este derecho de igualdad se expresa en los artículos 1°, 2°, 4° 12° y 13° de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, entre los cuales destacan los principios de goce de derechos humanos sin importar genera, nacionalidad, edad, color de piel; se prohíbe la esclavitud, se promueve la libertad e igual­dad entre hombres y mujeres, se procura que ninguna persona o institución goce de privilegios por encima de otras. No obstante, en la vida cotidiana se pueden presentar  situaciones  de discriminación y violencia contrarias a estos derechos. Por tal razón, es importante identificarlas y crear espacios seguros en casa, en la escuela, en las redes digitales y en  la comunidad. De esta manera, se promueven  relaciones interculturales, de inclusión y con perspectiva de equidad de genera para reducir la desigualdad en los diferen­tes ámbitos de la vida.

Actualmente,  el  gobierno  tiene  la  tarea  de  superar  los obstáculos  que  impiden  a  la  ciudadanía  acceder  plena­mente  a  sus derechos  en  igualdad  de  condiciones  y  en todos los  espacios de  la vida social, educativa, cultural y económica. Se han diseñado políticas públicas con medi­das y propuestas  concretas  para  establecer  relaciones in­terculturales mas incluyentes y con perspectiva de genero, a fin de  reducir las brechas de  desigualdad en  el acceso a la educación, al trabajo, a la movilidad, así como aquellas provocadas por  la  reproducción  de  los roles de  género y estereotipos que afectan a mujeres y hombres. Si  bien  es  cierto  que  el Estado  debe  generar  las condiciones  para garantizar  el pleno acceso a  los  derechos,  así como  promover  leyes para salvaguardar la seguridad,  también es necesaria la participación de la sociedad. En este sentido, reconocer principios éticos como el respeto  y el reconocimiento de  los otros es un  largo aprendizaje de participación activa,  bajo un  profundo  respeto por  los ideales de  la libertad y dignidad (Rawls, 1990). Es necesario tomar parte de esta situación y fomentar la participación de  todas las personas para im­pulsar el buen trato, construir conjuntamente espacios seguros en los que se respete y reconozca la multiculturalidad y la diversidad.

Además de  los programas,  proyectos,  acciones y leyes que  el  Es­tado impulsa para reducir la desigualdad y crear espacios seguros, es muy  importante  que  la ciudadanía  identifique aquellas situaciones que  ponen en  riesgo, en  desventaja o generan  brechas sociales entre las personas  por  razones de  sexo,  género,  origen  u  otras condicio­nes limitantes de  la  participación social.  Por ejemplo,  es  necesario saber que sucede en las calles, los parques, el transporte público, las escuelas, las plazas, el trabajo, los espacios virtuales (como las redes sociales) y en  los hogares para atender o prevenir cualquier situación de desigualdad, exclusión o violencia.

Algunos riesgos presentes en  el espacio público son, por ejem­plo, el acoso sexual en las escuelas o en  la calle, el cual se descri­be como el tipo de comportamiento de índole sexual realizado contra la voluntad de la persona afectada. Otro riesgo es el hos­tigamiento sexual, que se puede presentar en  los espacios edu­cativos  por  parte  de  profesores,  estudiantes,  directivos,  entre otros individuos;  la discriminación a las personas por su color de  piel, apariencia  personal, situación económica  o  por  hablar alguna lengua originaria o  solo  por  pertenecer  a  una  comuni­dad  étnica. Además,  existen  brechas en  la accesibilidad  de  las personas  con  discapacidad  a  bienes y servicios. Es discrimina­torio que no puedan transitar libremente por el espacio público debido a que el diseño e infraestructura de las calles, los edifi­cios  y el transporte  no  consideran  sus  necesidades;  asimismo es excluyente  que  los  espacios  en  las  escuelas  y los  materiales educativos sean inaccesibles para ellas. Esta forma de discrimi­nación también  ocurre  cuando  el profesorado  desarrolla  ac­tividades  no  adaptadas  ni  diseñadas  para  todos,  incluidas  las personas con  discapacidad.

Como se puede notar,  generar  espacios seguros es  un compromiso  en  comunidad,  y  es  responsabilidad  de   todos.  Por ejemplo, los estudiantes deben aprender a reconocer  y acep­tar  la diversidad  porque, entre otras razones,  viven  en  un  país multicultural y  de ahí  proviene  su  historia y riqueza  cultural. También es fundamental saber que no  todas las personas com­parten las mismas experiencias  ni  condiciones económicas,  fa­miliares, físicas o  de  origen.  Las diferencias entre las personas no  justifica  ninguna forma de menosprecio,  exclusión,  ni  vio­lencia contra nadie.

Para generar espacios seguros,  es importante  conocer  los problemas  que generan desigualdad;  uno  de ellos es el acoso escolar.  Este se caracteriza por  generar  daño  a  estudiantes  a  través  de  ofensas,  golpes,  empujones, bromas o  juegos pesados, ocultamiento de pertenencias,  burlas o comen­tarios humillantes. Entre compañeras y compañeros se deben fomentar el respeto y reconocimiento a la diversidad de las culturas y de las personas porque de esa manera se contribuirá a que la escuela sea un espacio seguro.

Es necesario que el Estado y la ciudadanía se comprometan a mantener relaciones interculturales, inclusivas y con  perspectiva de género en todos los espacios, de manera que sean seguros para la participación democrática. Ello se puede lograr a partir de la identificación de los problemas, necesidades e intereses de cada comunidad, así como a través de la valoración de los distintos modos de convivencia en una sociedad. Dicha sociedad debe ser entendida como diversa a partir del respeto y el diálogo constante en lo colectivo para fortalecer el acceso a todos los servicios y oportunidades, de tal manera que, paulatinamente, se reduzcan las brechas de desigualdad.

Finalmente, la importancia de generar sitios seguros radica en tomar conciencia de que el espacio no es neutral. Es necesario reconocer que el género, origen, carac­terísticas, condiciones y cultura de cada individuo son factores importantes para su desarrollo. De las relaciones que se establezcan en el espacio público, en la escuela, las plazas o en el hogar dependerá el acceso, la apropiación y el uso de esos espacios. El desarrollo y la seguridad encuentran obstáculos donde prevalecen relaciones basadas en estereotipos, prejuicios, roles sexistas o ideas discriminatorias. Generar espacios se­guros favorece la interacción basada en el respeto, la democracia, propicia las relacio­nes incerculturales, inclusivas y con  perspectiva de género.

La igualdad, como un derecho fundamental de la humanidad, es motivo de análisis en las esferas de convivencia de cualquier espacio. Aun prevalecen prácticas, ideas, costumbres y relaciones que mantienen las desigualdades en el ámbito cotidiano, las cuales imposibilitan el acceso a las oportunidades para los grupos que histórica y socialmente han sufrido condiciones de mayor desventaja: niñas, niños, mujeres, personas con discapacidad, la comunidad LGBTTIQ+,  así como habitantes  de pueblos originarios o comunidades étnicas.

Para cambiar estas brechas de desigualdad y promover el acceso a las oportunidades, es importante generar espacios seguros, de buen trato, democráticos, con perspectiva de género e inclusivos. En dichos espacios se produce un intercambio y mutuo enriquecimiento entre diferentes culturas y personas a través del respeto y el reconocimiento, lo cual les permite desarrollarse en el plano de la protección y el ejercicio de sus derechos humanos.