LA GUERRA DE REFORMA

Después de la promulgación de la Constitución de 1857, liberales y conservadores volvieron a enfrentarse. Se agudizaron las diferencias y, con ello, se desencadenó la Guerra de Reforma (1858-1861). Este conflicto se distinguió porque cada grupo buscaba un tipo de gobierno diferente: los liberales pretendían instaurar una república que aplicara el liberalismo económico, fuera democrática e implementara principios de igualdad ciudadana y de defensa de los derechos universales. Por su parte, los conservadores deseaban una monarquía, sistema donde una persona, perteneciente a la nobleza, tiene el poder absoluto y lo hereda a sus descendientes.

LA GUERRA DE LOS TRES AÑOS

La  Constitución  de  1857  fue  una  iniciativa  liberal establecida  durante  la  presiden­cia de Ignacio Comonfort, la cual contenía tres  leyes fundamentales: la Ley Juárez (1855) la Ley Lerdo (1856) y la Ley Iglesias (1857); todas decretadas como obliga­ciones constitucionales. Esta Carta Magna también propuso la separación  de  po­deres, la abolición de la esclavitud y la pena de muerte, así como la separación entre la Iglesia y el Estado.

Lo anterior provocó una profunda división entre liberales y conservadores, ya que ambos  grupos,  al  tener  ideologías  opuestas,  buscaron  establecer  un  proyecto  polí­tico  diferente.  Los liberales  estaban  a  favor  de  una república representativa,  basada en los  modelos  estadounidense y  francés, que protegiera al individuo, sus derechos y  libertades, incluida la propiedad privada; mientras los  con­ servadores buscaban instaurar una monarquía que conservara los fueros, esto es, la protección jurídica para el clero y los militares.

Como  símbolo  de rechazo  a la Constitución  de 1857,  el bando conservador, junto  con  su  representante Félix  María Zuloaga,  elaboró  el Plan de Tacubaya, en  diciembre de 1857,  para anular la Constitución  recién  promulgada y  redactar una nueva,  la cual representara la voluntad  nacional y  garantizara los intereses que, según ellos, tenía el pueblo mexicano.

El presidente Ignacio  Comonfort aceptó  dicha petición y se unió  al mencionado Plan,  a pesar de que eso  implicaba levantarse en  armas en  contra del gobierno  que él mismo  encabezaba.  Las entidades federativas comenzaron  a tomar posiciones políticas opuestas entre sí: el Distrito  Federal (hoy  Ciudad  de México),  Puebla, San  Luis Potosí,  Chihuahua,  Durango,  Sonora,  Sinaloa y  Tlaxcala se proclamaron conservadores; mientras que Jalisco,  Guanajuato,  Querétaro,  Michoacán,  Nuevo León  y  Veracruz se reconocieron  como  liberales.  Fue así que,  a lo  largo  de tres años (1858-1861),  se desarrolló  una lucha armada que se conoce como  Guerra de Reforma o Guerra de Tres Años.

En  enero  de  1858,  los  conservadores  desconocieron  la  presidencia  de Comonfort  y  otorgaron  el  Poder  Ejecutivo  a  Félix  María  Zuloaga,  secun­dado  por  el  general  Miguel  Miramón.  Como  los  liberales  desconocieron aquel  gobierno  y  también  su  Constitución,  reconocieron  a  Benito  Juárez como  presidente  legítimo.  De  esta  manera,  México  tuvo  dos  gobiernos:  el conservador  que,  asentado  en  el  Distrito  Federal,  mantenía  una  organiza­ ción  política  parecida  a  la  del  anterior  presidente  Antonio  López  de  Santa Anna;  y  el  liberal,  establecido  en  Guanajuato,  desde  donde  se  defendió  la Constitución de 1857.

Benito  Juárez concentró  la fuerza liberal en  Veracruz.  Su  ejército,  que no  contaba con  preparación  militar,  estaba formado  por ciudadanos de distintas profesiones como  abogados,  periodistas,  médicos,  escritores y comerciantes,  quienes defendieron  la Carta Magna de 1857.  Por otro lado,  el joven  general Miguel Miramón,  al frente de las tropas con­ servadoras,  obtuvo  varias victorias en  diferentes lugares del territorio nacional,  como  en  el puerto  de Carretas y  barranca de Ahualulco,  San Luis Potosí; barranca de Atenquique,  en  Colima,  así como  en  Acámbaro y  Guanajuato.  Sin  embargo,  algunos conservadores consideraban  que establecer la paz con  los liberales era una mejor opción.  Esta idea motivó la elaboración  del Plan  de Navidad  de 1858.  Este documento  proponía convocar a un Congreso Nacional para crear una Constitución concilia­dora entre los dos grupos.

Pero la guerra civil continuaba y el gobierno de Benito Juárez creó tres leyes más que se sumarían a las pro­ puestas liberales de la Reforma. Estas leyes, que enfati­zaron la separación entre el Estado y la Iglesia, fueron la Ley Orgánica del Registro Civil (1859) la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos (1859) y la Ley sobre la Libertad de Cultos (1860).

La tres leyes se centraron en  rradicar el poder eclesiástico de la administración pública,  ya que se le prohibió  a la Iglesia realizar el conteo  demográfi­co,  cobrar impuestos y  liberar los bienes que tenía en  el país.  También  se eliminó  el catolicismo  como la religión  oficial de la nación mexicana y  se otorgó el derecho a elegir qué religión profesar.

La nacionalización  de los bienes del clero signifi­có  que las propiedades anteriormente en  poder de la Iglesia pasaran  a manos del Estado  (Ley de Na­cionalización de los Bienes del Clero) y, por lo tanto,  la población mexicana con  mayores recursos económicos,  pudo  adquirir terrenos que antes per­ tenecían a la Iglesia.

Esto  también  contribuyó  a que un  mayor número de ciudadanos se integrara a las filas del grupo liberal.  Sin  embargo, esta ley también  im­plicaba que los pueblos originarios, carentes de recursos para comprar, ya no pudieran ser propietarios de sus tierras,  tendrían  que volverse jornaleros y  ponerse al servicio  de quienes habían comprado los terrenos que antes les pertenecían.

Así,  con  el propósito  de hacer justicia,  se produjeron  nuevas formas de privación  de derechos para una parte importante de la población.  La administración  en  turno  impuso  un  nuevo  orden  basado  en  ciertas ideas que no  necesariamente correspondían  a la realidad  y  las necesidades del país.  Esta ley  también  trajo  consecuencias para los conservadores,  quie­ nes perdieron el apoyo  de la Iglesia debido  a que ésta vio amenazados sus intereses.

Durante la Guerra de Reforma el país se polarizó y tuvo go­biernos paralelos, cada uno tratando de consolidar su propio sistema político; los liberales preferían una república y los con­ servadores, una monarquía. La falta de acuerdos en un pro­grama nacional de unidad determinó que se llegara a la guerra civil y a la fractura del Estado mexicano.

TRATADO MCLANE-OCAMPO Y TRATADO MON-ALMONTE

Para la segunda mitad de 1859, liberales y conservadores buscaron apoyo in­ternacional. Estados Unidos y España mostraron interés en intervenir en los asuntos  mexicanos, vieron la coyuntura como una oportunidad para obte­ ner beneficios económicos y territoriales.

El apoyo  internacional que buscaron  los liberales y  conservadores para continuar con  la lucha se dio  gracias a diversos tratados con  agentes ex­tranjeros.  Por un  lado,  el bando  conservador firmó  el Tratado  Mon-Almonte,  en  París,  en  septiembre de 1859. Dicho  documento  fue pactado por el embajador español Alejandro Mon y  su homólogo  mexicano,  Juan Nepomuceno  Almonte (hijo  de José María Morelos y Pavón).  El acuerdo estableció  que España reconocería al gobierno conservador como legítimo y  apoyaría militarmente a este bando  para continuar la Guerra de Refor­ma, a cambio de que México pagara la deuda externa que existía desde la presidencia de Santa Anna y se castigaran los asesinatos de españoles ocu­rridos en la hacienda de San Vicente y el mineral de San Dimas.

En  cuanto al gobierno  liberal,  éste firmó el Tratado McLane-Ocampo, en  diciembre de 1859,  en  Veracruz.  Los firmantes fueron  el estadounidense Robert McLane y el mexicano  Melchor Ocampo,  ambos representantes de los presidentes James Buchanan  y Benito  Juárez,  respectivamente.  Tal documento  esta­blecía que México  daría libre tránsito  a los ciudada­nos estadounidenses por el Istmo de Tehuantepec y permitiría la libre circulación  de mercancías.  También autorizaba que ambos países desplegaran  fuerzas ar­madas para el cuidado  de las fronteras y  se prometían ayuda mutua para establecer el orden  en  ambas na­ciones.  A cambio, el gobierno  liberal recibiría asisten­cia económica,  militar y  armas en  tiempos de guerra. No  obstante,  este tratado  no  entró  en  vigor debido  a la falta de ratificación  por parte de Estados Unidos, aunque no  fue un impedimento  para que éste apoyara a los liberales.

Ambos tratados afectaron  la independencia del país. El tratado  Mon-Almonte aumentó  la deuda externa de México,  pues el general conservador Miguel Miramón  recibió  apoyo  económico  de España; mientras el Tratado  McLane-Ocampo  garantizaba derechos de paso  por el territorio  mexicano que beneficiaban a Es­tados Unidos.

Durante 1860,  continuaron los enfrentamientos entre li­berales y  conservadores para ganar terreno  en  entidades como  San  Luis Potosí y  Guadalajara,  además de la capital del país.  No  obstante,  para diciembre de ese mismo  año,  la guerra civil era insostenible por los gastos que representaba. En  diciembre se llevó  a cabo  el último  enfrentamiento  de ese año; en él, el general Miguel Miramón y su tropa lucha­ron  contra el general Jesús González Ortega y  el ejército  li­beral; estos últimos ganaron  la batalla el 24  de diciembre y al día siguiente tomaron la hoy  llamada Ciudad  de México. Sin embargo, Juárez regresó a la capital hasta el 11 de enero de 1861  y  restableció  la Constitución  de 1857  en  todo  el país,  convocó  a elecciones y  se convirtió  en  presidente ese mismo año.

Los  tratados  internacionales  negociados  durante la Guerra de Reforma trajeron como consecuencia que este conflicto se prolongara hasta 1861, pues el apoyo militar de España y Estados Unidos permitió a conservado­res y liberales, respectivamente, seguir comprando armas. Tanto el Tratado Mon-AI monte como el McLane-Ocampo extendieron el conflicto y oca­sionaron problemáticas económicas y territoriales debido a que aumenta­ron la deuda externa del país y pusieron en riesgo la soberanía del Estado mexicano sobre su territorio.

La Alianza Tripartita y la Convención de Londres

Cuando los liberales volvieron a tomar el poder en la Ciudad de México, en 1861, decidieron aplicar la Ley de Suspensión de Pagos, es decir, suspender por dos años el pago de la deuda contraída con Francia, Inglaterra y España, para desarrollar su plan de gobierno. Por supuesto, esto no fue bien visto por los acreedores a los que se les debía dinero, porque tenían toda la intención de seguir cobrando.

La suspensión  del pago  impuesta por Benito  Juárez generó  un acuerdo entre Napoleón  III, emperador de Francia, la reina Victoria,  monarca de Inglaterra,  e Isabel II,  reina de España.  Estos países decidieron  tomar las aduanas de Veracruz y  Tampico en diciembre de 1861,  con  la finalidad de recuperar el adeudo.  España mandó  fuerzas militares ese mismo  di­ciembre, y Francia e Inglaterra, en enero de 1862.

Estas prácticas eran  recurrentes en  el siglo XIX.  Las potencias euro­peas prestaban dinero sólo en los casos que convenían  a sus intereses y buscaban  cualquier justificación  para intervenir en  otros países.  Así lo hicieron en Egipto, por ejemplo, cuando compañías inglesas y  francesas patrocinaron la construcción  del canal de Suez y  los británicos invadie­ron  Egipto cuando el gobierno de este país africano  ya no  fue capaz de pagar la deuda.  También  británicos y  franceses aprovecharon  cualquier pretexto para entrar a China en el siglo  XIX,  durante las llamadas Gue­rras del Opio,  especialmente,  después de que llevaban  años intentándo­ lo sin conseguirlo.

Benito  Juárez solicitó  apoyo  al gobierno estadounidense para combatir a los países europeos. No obstante, el presidente Abraham Lincoln le negó la ayuda, pues su país enfrentaba su propia Guerra de Secesión (1861-1865).

Para solucionar el conflicto,  Juárez tomó  una postura negociadora con Inglaterra,  por lo  que envió  a Manuel Doblado  a firmar los Tratados Pre­liminares de la Soledad (1862).  Tanto Inglaterra como  España acordaron firmar los convenios; sin  embargo,  Francia se negó  debido a sus intereses intervencionistas.  Esta negativa sería la antesala del inicio  de la Segunda Intervención Francesa y el establecimiento de un imperio en México presidido por un príncipe extranjero: Maximiliano de Habsburgo.

La Guerra de Reforma dejó un país empobrecido que no contaba con los recursos para reconstruir su infraestructura y sus instituciones políticas. Esto ocasionó la aplicación de una moratoria por parte del presidente Juárez, situación que aprovecharon las po­tencias extranjeras para ocupar el país, con el pretexto de cobrar las deudas contraídas con cada uno de ellos. Además, el gobierno de Estados Unidos no podía brindar ayuda a México frente a las potencias europeas, por lo que se complicó el panorama nacional.

La Guerra de Reforma (1858-1861) fue un cruento enfrentamiento civil entre los ban­dos  liberal y  conservador. El motivo de este conflicto fue que ambos  grupos  busca­ron instaurar un sistema político distinto. Los liberales optaban por una república y los conservadores  por una monarquía. Tal enfrentamiento llevó a que se instauraran dos gobiernos en el país, el liberal en Veracruz y el conservador en el Distrito Federal.

La guerra ocasionó problemas económicos en México, por lo que Juárez  decidió aplicar una moratoria de dos años al pago de la deuda externa, acción que fue aprove­chada por las potencias europeas para establecer acuerdos convenientes a su causa y, en el caso de Francia, para invadir al país.