EL PAÍS DESPUÉS DE LA GUERRA

EL PAÍS DESPUÉS DE LA GUERRA

La Independencia de Nueva España que vio nacer al Imperio mexicano se proclamó el 27 de septiembre de 1821, pero el triunfo no estuvo acompañado de los ideales de Hidalgo o Morelos; sino que las clases sociales económicamente fuertes, la denominada "oligarquía criolla", aprovecharon la coyuntura y lograron un cambio de gobierno en la forma, pero no en el fondo. Si bien se rompió la relación de sometimiento con España, no existió la intención de que las estructuras de control interno se modificaran, ni que se eliminara la división de clases; sólo se realizó una reestructuración de las posiciones de poder.

Agustín de Iturbide como primer emperador y su relación con las oligarquías criollas

Desde el inicio del movimiento de Independencia, existieron múltiples  pos­ turas respecto a lo que se pretendía realizar si el resultado favorecía al mo­ vimiento insurgente. Existían varias: mientras  que Ignacio Allende deseaba tener un gobierno monárquico, Miguel Hidalgo proponía un gobierno repu­ blicano. José María Morelos tenía un pensamiento similar al de Hidalgo, pero planteaba la independencia respecto a España, mientras que su contraparte, Ignacio López Rayón, apostaba por tener un rey que gobernara a los mexica­ nos. Con la firma de los Tratados de Córdoba se ratificó que las élites ganado­ ras querían un monarca, preferentemente de origen español.

El Plan  de Iguala estableció  que la corona del nuevo  gobierno  sería ofrecida a Fernando VII y dejaba claro que la Iglesia conservaría sus fueros (ventajas o  privilegios jurídicos) y  sus propiedades.  También estableció  que se crearía una junta y,  posteriormente,  una regencia encargadas del gobierno  mientras se designaba al nuevo  monarca. 

Con  la  firma  de  los  Tratados  de  Córdoba  el  24  de  agosto  de 1821,  se determinó  que el tipo  de gobierno  del llamado  Imperio mexicano  sería una monarquía constitucional moderada,  por lo cual se convocaría a Fernando  VII para gobernar o,  en  su  defecto,  a su  hermano  Carlos  u  otro  familiar  suyo;  o,  en  último  caso,  a  quien  la junta o la regencia del Imperio designara.

El 28 de septiembre de 1821, el Ejército Trigarante entró triun­falmente a la Ciudad de México. Al día siguiente se instaló la Junta Provisional Gubernativa,  la cual funcionó  como  Poder Legislati­vo  y  estuvo  integrada por un  grupo  de 38  individuos.  Estos eran miembros de la Iglesia y  del ejército,  así como  terratenientes,  mi­neros,  comerciantes y  magistrados del antiguo  gobierno; ninguno había sido insurgente. Ese mismo día se instaló la Regencia, la cual funcionó  como  Poder Ejecutivo  provisional y  los miembros de ese órgano  fueron  nombrados por la Junta Provisional.  Ambas instan­ cias quedaron a cargo de Agustín de Iturbide.

Al frente de la Regencia,  Iturbide reorganizó  al ejército,  esta­bleció  la libertad  de comercio  y  reafirmó  la abolición  de castas y la igualdad  de los ciudadanos.  En  los hechos,  la situación  de la clase de escasos recursos no cambió, ya que la estructura socioeco­nómica no  fue alterada: en  los latifundios aún  había explotación e incluso  esclavitud,  y  los pueblos originarios y  las comunidades afromexicanas continuaron siendo discriminados y maltratados.

Por último, se convocó a elecciones para elegir a los diputados que in­tegrarían  el  Congreso  Constituyente.  Este  quedó  formado  con  miembros de  diversos  grupos  sociales  e  intereses  específicos,  como  terratenientes, militares,  clérigos,  abogados y  antiguos insurgentes; estos últimos se au- tonombraron  patriotas. La diversidad  de opiniones entre las facciones provocó conflictos en el Congreso, ya que existían distintos puntos de vista respecto a cómo debería organizarse el gobierno y nadie estaba dispuesto a perder los privilegios que había tenido durante la Colonia.

En  febrero  de 1822  llegó  la noticia de que las cortes españolas habían rechazado  los Tratados de Córdoba y,  por tanto,  negaban  la Independen­ cia de México.  Los partidarios de Iturbide aprovecharon  la situación  y el 18  de mayo  de ese mismo  año,  un  grupo  de militares propuso  coro­ nar a Iturbide.  Las pugnas en  el Congreso  se intensificaron,  por lo  cual Iturbide,  recién  coronado  emperador,  determinó  disolver al Congreso  y encarceló a algunos diputados.

Tras un  año  de vida independiente,  la situación  de los latifun­ dios,  es decir,  de las grandes extensiones de tierra con  un  único dueño  o  pequeños grupos de dueños,  continuaba intacta; mientras que,  en  muchas regiones del país,  la esclavitud  y  la discriminación  a los pueblos originarios y las comunidades afromexicanas no cesaba.

Por estos motivos,  el general criollo  Antonio  López de Santa Anna decidió  levantarse en  armas,  respaldado  por antiguos insur­ gentes,  y  declaró  la nulidad  del Imperio.  Iturbide,  al no  contar con apoyos para seguir gobernando,  se vio  obligado  a renunciar.  Poco después,  el Congreso  lo  desterró  y,  cuando  regresó  al país en  1824, fue apresado y fusilado.

Agustín de Iturbide aprovechó las  circunstancias  políticas  tras  la Independen­ cia y  logró convertirse en el primer monarca del Imperio mexicano. Tuvo el apoyo de la Iglesia y  la aristocracia criolla, que buscaban mantener sus  privi­ legios, pero éste no fue suficientemente fuerte para mantenerlo en el poder.

CAMBIOS POLÍTICOS Y SOCIALES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1824

Las  llamadas  clases  populares, principalmente pueblos  originarios  y  co- munidades  afrodescendientes, no participaron en las decisiones sobre el rumbo político y  económico del nuevo país. Por un lado, la vida de la población, después de la Independencia, no cambió; por otro, la Iglesia y los ricos propietarios conservaron el poder.

Al   finalizar   la   lucha   por   la   Independencia,   la   situación   económica de México  era compleja y muchas de las actividades económicas se paralizaron  porque el gobierno  no  tenía ingresos,  por ello,  solicitó préstamos a otras naciones.  El campo  fue abandonado,  los terrenos de cultivo  fueron  destruidos y  la mayor parte de la producción  se destinó a sostener a los ejércitos.

El sector minero  también  se encontraba paralizado  porque,  al igual que en  el campo,  muchos trabajadores se habían  incorpo­ rado  al movimiento  armado,  de modo  que no  había suficiente mano  de obra,  además de que se requerían  muchas inversiones para reanudar las actividades; pero,  por la desorganización  general que vivía el país, éstas no se concretaban.

La Independencia no  cambió  las relaciones sociales que habían  prevalecido  en  la Colonia.  En  teoría,  esclavos,  indí­ genas, mestizos y los miembros de las demás castas ya eran libres e iguales ante la ley, pero las autoridades la ignoraban y  no  la hacían  cumplir,  por lo  que los caciques y  terrate­ nientes seguían  explotando  a las clases más desfavorecidas. Comuneros y peones fueron despojados de sus tierras y ex­ plotados en  las haciendas.  Algunos de éstos optaron  por huir hacia las ciudades,  aunque,  debido  a la falta de opor­ tunidades,  vivieron  en  la indigencia.  En  contraste,  la clase dominante y  los miembros de Iglesia mantuvieron  los pri­ vilegios de los que gozaban desde la Colonia.

Clérigos,  terratenientes,  dueños de las minas,  grandes comerciantes y  manufactureros vieron  incrementar su  ri­ queza a pesar de las difíciles condiciones que atravesaba el país.  La Iglesia tenía ingresos provenientes de ofrendas, diezmos,  limosnas,  misas,  créditos e hipotecas,  además de ser propietaria de la mayoría de las tierras.  Los terrate­ nientes eran  dueños de grandes extensiones de terreno,  ya que eran  herederos de españoles y  criollos,  de modo  que conservaron sus privilegios y estilo de vida.

El 4  de octubre de 1824,  las autoridades juraron  la Constitución  Fe­ deral de los Estados Unidos Mexicanos,  inspirada en  la Constitución  de Cádiz (España) y  la de Estados Unidos.  Esta se convirtió  en  la primera Constitución  de México  como  país independiente.  Una vez promulga­ da,  se celebraron  las primeras elecciones,  en  las que José Miguel Ramón Adaucto  Fernández y  Félix,  conocido  como  Guadalupe Victoria,  fue designado  primer presidente en  la historia de México,  mientras que el vicepresidente fue Nicolás Bravo.  Ambos entraron  en  funciones a ini­ cios de octubre de 1824.

La consumación de la Independencia no pudo contribuir a los  anhelados  cambios, en princi­ pio, porque los grupos más poderosos no estaban dispuestos a perder sus privilegios; así, los pueblos  originarios  y  las  comunidades  afromexicanas  se mantuvieron en las  mismas  condi­ ciones. La Constitución de 1824, concebida desde una perspectiva federalista regida por leyes, inició el proceso con el cual la naciente nación mexicana intentó su reorganización política y económica.

México inició su vida independiente con grandes  conflictos  internos, luchas  por el poder y  la total ausencia de un proyecto de nación mediante el cual el país  pudiera lograr su entera libertad. Primero se intentó traer a un miembro de la casa real espa­ ñola para que fungiera como rey  del naciente imperio, pero este proyecto de nación no consideraba modificar la estructura que había beneficiado a la clase política, militar y eclesiástica. Por lo tanto, no se llevó a cabo y, en su lugar se instauró el Imperio de Iturbide. Posteriormente, se estableció un gobierno federal y  republicano, el cual creó una constitución a favor de una parte de la clase política. No todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo con este proyecto y, a raíz de ello, surgió una división política y una lucha de más de treinta años.